El conflicto suma un nuevo capítulo.
Universidad Católica no se quedó en silencio y este 24 de febrero de 2026 emitió un comunicado oficial rechazando los argumentos que derivaron en la suspensión del partido ante Emelec, programado inicialmente para el 21 de febrero.

Según el club capitalino, su gerente general, Luis Roggiero, viajó a Guayaquil para solicitar la entrega de los supuestos documentos reservados que habrían motivado la decisión. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado, no se proporcionó ningún documento físico, y únicamente se permitió visualizar tres archivos desde el computador de un funcionario.

La institución sostiene que dichos documentos no contenían información reservada ni evidenciaban un riesgo objetivo que justificara la suspensión del compromiso.

De acuerdo con lo expuesto por la Chatoleí, los archivos correspondían a:

  • Una respuesta de la Intendencia de Policía del Guayas ante un pedido de Emelec por presuntos hostigamientos.
  • Una denuncia presentada ante Fiscalía.
  • Una recomendación de no viajar fuera de la ciudad por limitaciones de competencia territorial.

Para Universidad Católica, ninguno de estos elementos constituía prueba suficiente de peligro real para disputar el encuentro.

El club fue claro: continuará ejerciendo acciones legales para defender su postura.

La polémica no termina en la cancha. Ahora se juega en los escritorios. Y el caso amenaza con abrir un debate mayor sobre procedimientos, transparencia y criterios de seguridad en el fútbol ecuatoriano.

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